Cuando el año pasado se conoció el anteproyecto con el que el Gobierno pretendía eliminar la LOMCE, más conocida como «Ley Wert» el sector de la concertada dió el grito en el cielo. Denunció un contenido que llegó al Consejo de Ministros el mismo día que Sánchez anunciaba las elecciones. La conocida como «Ley Celaá», eliminaba la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias.
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